sábado, 26 de octubre de 2019
Las ‘Trece rosas’: una historia donde nada es rosa. José Javier Esparza.
La capacidad de la izquierda para construir leyendas es realmente admirable. El caso de las llamadas “trece rosas” es un perfecto ejemplo. Empezando por la circunstancia de que a esas mujeres fusiladas en 1939 se las considere socialistas cuando, en realidad, eran comunistas. Pero para entender adecuadamente el capítulo, en el que nada es rosa, conviene ponerlo en su contexto.
Cuando acabó la guerra civil, el Partido Socialista Obrero Español estaba literalmente triturado, dividido en al menos cuatro facciones. Hay que recordar que el último acto de la contienda es una batalla intestina en el bando del Frente Popular: a un lado, el Consejo de Defensa de Madrid, liderado por el socialista Besteiro con el coronel Casado y el anarquista Cipriano Mera; al otro, el gobierno del también socialista Negrín, entregado al Partido Comunista y cuyos principales líderes ya habían huido del país. Aquella batalla no fue cosa menor: hubo cerca de 2.000 muertos. Sobre esta ruptura se añadió inmediatamente otra en el exilio: los socialistas de Indalecio Prieto, por un lado, contra los de Negrín, que a estas alturas ya había sido expulsado del PSOE. Prieto y Negrín no peleaban por razones ideológicas, sino por controlar el tesoro expoliado y expatriado por los jerarcas republicanos para sufragar su exilio. El PSOE nunca se recuperará de estos desgarros, y por eso su trayectoria bajo el franquismo fue tan poco relevante. Pero aun antes había habido otra ruptura, esta de mayores consecuencias: la de las Juventudes Socialistas, que fueron el instrumento de Moscú para fagocitar al PSOE.
Traiciones en la izquierda
Recordemos sumariamente los hechos: desde abril de 1936, con el protagonismo de Santiago Carrilloy por instrucción directa de Moscú, las organizaciones juveniles del partido socialista y del partido comunista se fusionan en las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU). Cuando estalla la guerra, los militantes de las JSU ingresan en masa en las llamadas Milicias Antifascistas Obreras y Campesinas, la organización paramilitar del Partido Comunista, a la que tan pronto veremos en el frente como en la represión ejecutada en la retaguardia. Finalmente, en noviembre de 1936 y bajo la dirección personal de Santiago Carrillo, las JSU rompen con el PSOE y se pasan al Partido Comunista. Las JSU, por tanto, eran una organización dependiente del PCE, enteramente subordinado a su vez a la Komintern y al Partido Comunista de la Unión Soviética, cuyo líder, por si alguien lo ha olvidado, era Stalin. Todas estas cosas son bien sabidas y los propios protagonistas las han contado reiteradas veces. Es asombroso que aún sea preciso recordarlas.
Cuando acabó la guerra civil, en abril de 1939, los principales cuadros del Partido Comunista ya estaban en el extranjero. Primero en Francia, pero París proscribió a los comunistas después del pacto de Stalin con Hitler (agosto de 1939), así que casi todos acabaron en Moscú. Cerca de un millar de personas se instalaron en la capital soviética. Meses antes, en junio, Santiago Carrillo había publicado su célebre carta contra su propio padre, el socialista Wenceslao, de la facción de Besteiro, acusándole de traición. Los socialistas –decía entre otras cosas Santiago Carrillo- habían dejado en la cárcel a millares de comunistas para que las tropas de Franco los encontraran allí al entrar en Madrid. Eso era verdad. La carta tenía por objeto exculpar al PCE –y sobre todo al propio Santiago- de responsabilidad en la derrota y romper cualquier lazo entre el PCE y el PSOE. Consiguió su objetivo, aunque a Carrillo le costaría recuperar su posición en la cúpula de un PCE cuyo buró político se reunía en Moscú en un ambiente de tempestad. No era para menos: José Díaz, el ya muy quebrantado secretario general, acusaba de traición a las JSU, es decir, a Carrillo.
El episodio de las “trece rosas” tiene que inscribirse en este contexto. En el verano de 1939, recién terminada la guerra, lo que ha quedado del PCE en España es menos que nada: los que no han huido, han sido ejecutados por los socialistas en el golpe de Besteiro y Casado –véase el caso de Barceló- o están presos y esperando juicio o paredón. El primer intento de reconstrucción del partido en torno a Matilde Landa es frustrado de inmediato por la Policía (Matilde fue condenada a muerte, pero una intervención del filósofo García Morente, ya sacerdote, la salvó del paredón). Acto seguido toma su testigo Cazorla, viejo camarada de Carrillo en los días de Paracuellos, pero con la misma rapidez es delatado desde el interior. Son episodios que he documentado abundantemente en “El libro negro de carrillo” (Libros Libres, Madrid, 2010). En Madrid permanecen, sin embargo, núcleos menores de las JSU, que sienten la necesidad de multiplicar las acciones para eludir esa acusación de traición que la cúpula del Partido formula contra ellos. Ahora bien, esos sectores que aún quedan en la capital son los más vinculados a la represión roja en retaguardia, dirigidos por líderes de tercer o cuarto nivel y prácticamente sin comunicación con la cúpula de la organización, que está en el extranjero. Son tales líderes los que, supuestamente, tramaron el asesinato de Isaac Gabaldón el 31 de julio de julio de 1939.
Cuando acabó la guerra civil, el Partido Socialista Obrero Español estaba literalmente triturado, dividido en al menos cuatro facciones. Hay que recordar que el último acto de la contienda es una batalla intestina en el bando del Frente Popular: a un lado, el Consejo de Defensa de Madrid, liderado por el socialista Besteiro con el coronel Casado y el anarquista Cipriano Mera; al otro, el gobierno del también socialista Negrín, entregado al Partido Comunista y cuyos principales líderes ya habían huido del país. Aquella batalla no fue cosa menor: hubo cerca de 2.000 muertos. Sobre esta ruptura se añadió inmediatamente otra en el exilio: los socialistas de Indalecio Prieto, por un lado, contra los de Negrín, que a estas alturas ya había sido expulsado del PSOE. Prieto y Negrín no peleaban por razones ideológicas, sino por controlar el tesoro expoliado y expatriado por los jerarcas republicanos para sufragar su exilio. El PSOE nunca se recuperará de estos desgarros, y por eso su trayectoria bajo el franquismo fue tan poco relevante. Pero aun antes había habido otra ruptura, esta de mayores consecuencias: la de las Juventudes Socialistas, que fueron el instrumento de Moscú para fagocitar al PSOE.
Traiciones en la izquierda
Recordemos sumariamente los hechos: desde abril de 1936, con el protagonismo de Santiago Carrilloy por instrucción directa de Moscú, las organizaciones juveniles del partido socialista y del partido comunista se fusionan en las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU). Cuando estalla la guerra, los militantes de las JSU ingresan en masa en las llamadas Milicias Antifascistas Obreras y Campesinas, la organización paramilitar del Partido Comunista, a la que tan pronto veremos en el frente como en la represión ejecutada en la retaguardia. Finalmente, en noviembre de 1936 y bajo la dirección personal de Santiago Carrillo, las JSU rompen con el PSOE y se pasan al Partido Comunista. Las JSU, por tanto, eran una organización dependiente del PCE, enteramente subordinado a su vez a la Komintern y al Partido Comunista de la Unión Soviética, cuyo líder, por si alguien lo ha olvidado, era Stalin. Todas estas cosas son bien sabidas y los propios protagonistas las han contado reiteradas veces. Es asombroso que aún sea preciso recordarlas.
Cuando acabó la guerra civil, en abril de 1939, los principales cuadros del Partido Comunista ya estaban en el extranjero. Primero en Francia, pero París proscribió a los comunistas después del pacto de Stalin con Hitler (agosto de 1939), así que casi todos acabaron en Moscú. Cerca de un millar de personas se instalaron en la capital soviética. Meses antes, en junio, Santiago Carrillo había publicado su célebre carta contra su propio padre, el socialista Wenceslao, de la facción de Besteiro, acusándole de traición. Los socialistas –decía entre otras cosas Santiago Carrillo- habían dejado en la cárcel a millares de comunistas para que las tropas de Franco los encontraran allí al entrar en Madrid. Eso era verdad. La carta tenía por objeto exculpar al PCE –y sobre todo al propio Santiago- de responsabilidad en la derrota y romper cualquier lazo entre el PCE y el PSOE. Consiguió su objetivo, aunque a Carrillo le costaría recuperar su posición en la cúpula de un PCE cuyo buró político se reunía en Moscú en un ambiente de tempestad. No era para menos: José Díaz, el ya muy quebrantado secretario general, acusaba de traición a las JSU, es decir, a Carrillo.
El episodio de las “trece rosas” tiene que inscribirse en este contexto. En el verano de 1939, recién terminada la guerra, lo que ha quedado del PCE en España es menos que nada: los que no han huido, han sido ejecutados por los socialistas en el golpe de Besteiro y Casado –véase el caso de Barceló- o están presos y esperando juicio o paredón. El primer intento de reconstrucción del partido en torno a Matilde Landa es frustrado de inmediato por la Policía (Matilde fue condenada a muerte, pero una intervención del filósofo García Morente, ya sacerdote, la salvó del paredón). Acto seguido toma su testigo Cazorla, viejo camarada de Carrillo en los días de Paracuellos, pero con la misma rapidez es delatado desde el interior. Son episodios que he documentado abundantemente en “El libro negro de carrillo” (Libros Libres, Madrid, 2010). En Madrid permanecen, sin embargo, núcleos menores de las JSU, que sienten la necesidad de multiplicar las acciones para eludir esa acusación de traición que la cúpula del Partido formula contra ellos. Ahora bien, esos sectores que aún quedan en la capital son los más vinculados a la represión roja en retaguardia, dirigidos por líderes de tercer o cuarto nivel y prácticamente sin comunicación con la cúpula de la organización, que está en el extranjero. Son tales líderes los que, supuestamente, tramaron el asesinato de Isaac Gabaldón el 31 de julio de julio de 1939.
¿Quién mató a Gabaldón?
El comandante Isaac Gabaldón, guardia civil, estaba adscrito al Servicio de Información Militar de Gutiérrez Mellado y era encargado del Archivo de Logias, Masonería y Comunismo, es decir, un puesto clave de la represión de posguerra. Fue asesinado en la carretera de Talavera a Oropesa junto a su hija (Pilar, 16 años) y su chófer. Los asesinos: Damián García Mayoral, Sebastián Santamaría y Francisco Rivares, tres jóvenes de las JSU que se disfrazaron de militares, pararon el vehículo en la carretera, subieron a él y sin mediar palabra asesinaron a sus tres ocupantes y abandonaron los cuerpos en un cañaveral. Robaron 104 pesetas y dos jamones. Y también se quedaron con la libreta donde Gabaldón apuntaba a sus sospechosos.
El asesinato fue imputado a los comunistas, o sea, a las JSU. Hubo una redada que desmanteló los últimos restos del partido comunista. ¿Por qué sabía el nuevo régimen dónde estaban los comunistas, quiénes eran? Primero, porque el Gobierno del Frente Popular había dejado intactos los archivos de los militantes del PCE y las JSU en Madrid, de modo que, cuando acabó la guerra, los vencedores los encontraron sin el menor problema. Y después, porque el joven militante que había quedado al frente de las JSU en Madrid, José Pena Brea, 21 años, fue denunciado por otro compañero y detenido, y finalmente, bajo tortura, delató a sus camaradas. El mismo día del asesinato de Gabaldón, según refiere Piñar Pinedo citando una resolución judicial del 20 de octubre de 1939, apareció en la prisión de Porlier nada menos que Gutiérrez Mellado para excarcelar a uno de los detenidos, el militante comunista Sinesio “el Pionero”, que resultó ser un confidente del SIM. Sólo él se salvó. Y enseguida desapareció para siempre. Todo el episodio del asesinato de Gabaldón y la investigación posterior está lleno de misterios y contradicciones. No es, en todo caso, el objeto de este artículo.
El hecho es que así acabaron ante el tribunal, primero, y el paredón después, 56 personas, entre ellas los autores del asesinato, otras muchas detenidas con anterioridad, y también las jóvenes que luegola propaganda comunista bautizará como las “trece rosas”. ¿Quiénes eran? Trece muchachas detenidas porque figuraban en las listas de las JSU y del PCE. La mayoría de ellas eran, sí, militantes, cuatro habían pertenecido al comité comunista de Chamartín y verosímilmente habrían participado en la represión de retaguardia, pero había una que figuraba allí por la militancia de su novio y otra que acabó en la cárcel por la delación de un pretendiente despechado. Desastres de la guerra.
Los 56 detenidos fueron acusados de terrorismo, tanto por el asesinato de Gabaldón como por otras tentativas anteriores. Después, la mitología de la izquierda española ha convertido a las víctimas, y en particular a las “trece rosas”, en leyenda. La placa que conmemora su muerte dice que “dieron su vida por la libertad y la democracia”. No: dieron su vida –o, más bien, otros se la quitaron- por la dictadura del proletariado y por la revolución bolchevique, que era en lo que realmente creían. Y alguna de ellas acabó en el paredón, sin culpa alguna, por una de esas horribles casualidades que pueblan la crónica de las guerras civiles. Su historia no carece de valor, como la de todos los que mueren defendiendo sus ideas, pero invocar al efecto “la libertad y la democracia” es un disparate que sobrepasa los límites del ridículo. Salvo que aceptemos a Stalin como adalid de la libertad y la democracia.
La realidad de los hechos es esta: nada en este episodio es rosa, ni en un lado ni en el otro. La represión de posguerra es respuesta directa a la de la guerra, como ocurre en todas las guerras civiles que en el mundo han sido. Reconstruir el episodio como si fuera una película de buenos y malos es un infantil ejercicio de estupidez. Hoy debería ser posible hablar de estas cosas con cierta frialdad. Pero la izquierda española, para seguir manteniendo su hegemonía ideológica, necesita reescribir continuamente su historia y deformarla hasta el punto de convertirla en mitología, con la anuencia cómplice y cobarde de una derecha necia hasta el infinito.
rebelionenlagranja.com
El comandante Isaac Gabaldón, guardia civil, estaba adscrito al Servicio de Información Militar de Gutiérrez Mellado y era encargado del Archivo de Logias, Masonería y Comunismo, es decir, un puesto clave de la represión de posguerra. Fue asesinado en la carretera de Talavera a Oropesa junto a su hija (Pilar, 16 años) y su chófer. Los asesinos: Damián García Mayoral, Sebastián Santamaría y Francisco Rivares, tres jóvenes de las JSU que se disfrazaron de militares, pararon el vehículo en la carretera, subieron a él y sin mediar palabra asesinaron a sus tres ocupantes y abandonaron los cuerpos en un cañaveral. Robaron 104 pesetas y dos jamones. Y también se quedaron con la libreta donde Gabaldón apuntaba a sus sospechosos.
El asesinato fue imputado a los comunistas, o sea, a las JSU. Hubo una redada que desmanteló los últimos restos del partido comunista. ¿Por qué sabía el nuevo régimen dónde estaban los comunistas, quiénes eran? Primero, porque el Gobierno del Frente Popular había dejado intactos los archivos de los militantes del PCE y las JSU en Madrid, de modo que, cuando acabó la guerra, los vencedores los encontraron sin el menor problema. Y después, porque el joven militante que había quedado al frente de las JSU en Madrid, José Pena Brea, 21 años, fue denunciado por otro compañero y detenido, y finalmente, bajo tortura, delató a sus camaradas. El mismo día del asesinato de Gabaldón, según refiere Piñar Pinedo citando una resolución judicial del 20 de octubre de 1939, apareció en la prisión de Porlier nada menos que Gutiérrez Mellado para excarcelar a uno de los detenidos, el militante comunista Sinesio “el Pionero”, que resultó ser un confidente del SIM. Sólo él se salvó. Y enseguida desapareció para siempre. Todo el episodio del asesinato de Gabaldón y la investigación posterior está lleno de misterios y contradicciones. No es, en todo caso, el objeto de este artículo.
El hecho es que así acabaron ante el tribunal, primero, y el paredón después, 56 personas, entre ellas los autores del asesinato, otras muchas detenidas con anterioridad, y también las jóvenes que luegola propaganda comunista bautizará como las “trece rosas”. ¿Quiénes eran? Trece muchachas detenidas porque figuraban en las listas de las JSU y del PCE. La mayoría de ellas eran, sí, militantes, cuatro habían pertenecido al comité comunista de Chamartín y verosímilmente habrían participado en la represión de retaguardia, pero había una que figuraba allí por la militancia de su novio y otra que acabó en la cárcel por la delación de un pretendiente despechado. Desastres de la guerra.
Los 56 detenidos fueron acusados de terrorismo, tanto por el asesinato de Gabaldón como por otras tentativas anteriores. Después, la mitología de la izquierda española ha convertido a las víctimas, y en particular a las “trece rosas”, en leyenda. La placa que conmemora su muerte dice que “dieron su vida por la libertad y la democracia”. No: dieron su vida –o, más bien, otros se la quitaron- por la dictadura del proletariado y por la revolución bolchevique, que era en lo que realmente creían. Y alguna de ellas acabó en el paredón, sin culpa alguna, por una de esas horribles casualidades que pueblan la crónica de las guerras civiles. Su historia no carece de valor, como la de todos los que mueren defendiendo sus ideas, pero invocar al efecto “la libertad y la democracia” es un disparate que sobrepasa los límites del ridículo. Salvo que aceptemos a Stalin como adalid de la libertad y la democracia.
La realidad de los hechos es esta: nada en este episodio es rosa, ni en un lado ni en el otro. La represión de posguerra es respuesta directa a la de la guerra, como ocurre en todas las guerras civiles que en el mundo han sido. Reconstruir el episodio como si fuera una película de buenos y malos es un infantil ejercicio de estupidez. Hoy debería ser posible hablar de estas cosas con cierta frialdad. Pero la izquierda española, para seguir manteniendo su hegemonía ideológica, necesita reescribir continuamente su historia y deformarla hasta el punto de convertirla en mitología, con la anuencia cómplice y cobarde de una derecha necia hasta el infinito.
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viernes, 25 de octubre de 2019
Esto va a acabar mal. Jesús Laínz.
En 1888 Friedrich Nietzsche escribió esto en su Crepúsculo de los ídolos:
Dicho al oído de los conservadores: No hay remedio: hay que ir hacia delante, quiero decir, avanzar paso a paso hacia la decadencia (ésta es mi definición del progreso moderno). Se puede poner obstáculos a esa evolución, y, con ellos, embalsar la degeneración misma, conjuntarla, hacerla más vehemente y repentina: más no se puede hacer.
Descripción perfecta del régimen del 78. Para ser exactos, de la degeneración del régimen del 78 debido a la instauración del suicida Estado de las Autonomías.
Pero no cometa usted, malinterpretador lector, el error de deducir que este humilde juntaletras ha traído la frase del gran filósofo alemán para referirse solamente a esa entidad ideológica amorfa e indefinible a la que suele llamarse derecha. Porque, en este contexto, por conservadores hay que entender todos los gobernantes, de cualquier partido, que se han dedicado durante los últimos cuarenta años a conservar –a conllevar, según el nefasto término orteguiano– el problema separatista sin mover un dedo, como si, dándolo por inamovible, sólo cupiera sentarse a ver pasar el tiempo con la vaga esperanza, en el mejor de los casos, de que algún día, por mediación divina o similar, el problema se resolviese solo.
Por eso todos nuestros gobernantes, desde el hoy idolatrado duque de sí mismo hasta el incalificable Rajoy, pasando por todos los demás, de entre los cuales sería injusto no destacar el infausto ZP, se han limitado a conservar la situación establecida por la Constitución de 1978 y empeorada por cada uno de ellos.
Pero lo grave no ha sido la faceta política de la cuestión, con ser ella sola lo suficientemente seria como para poner en peligro la existencia de la nación. Lo verdaderamente grave ha sido el conservadurismo judicial, si se nos permite la expresión. Pues el hecho clave de la vida política española durante estas últimas cuatro décadas ha sido la inexistencia del Estado de Derecho, sobre todo en lo relativo a las perpetuas acciones ilegales y anticonstitucionales de los gobernantes separatistas.
Cuarenta años de incumplimiento de leyes y sentencias, cuarenta años de escandalosa impunidad para todo tipo de delitos, desde el saqueo de Pujol hasta la rebelión de Puigdemont, cuarenta años de insolente anuncio de que pretendían seguir incumpliéndolo todo, nos han conducido a la situación en la que nos encontramos hoy: unos políticos separatistas insistiendo en un golpe de Estado agravado cada día; y las vidas y haciendas de millones de ciudadanos a merced de lo que dichos políticos decidan. La impunidad de un golpe de Estado evitado en falso mediante la falsa aplicación del artículo 155 por el falso Rajoy, sumada a la impunidad que, vía indulto, anuncia un Sánchez que, en comparación, acabará alzando a ZP a la categoría de patriota, ha sido el incentivo final que necesitaban los separatistas para atreverse a dar el paso siguiente: intentarlo de nuevo. Pues ya han comprobado que no pasa nada.
Nadie puede acusar de hipocresía a los separatistas. Bien claro anuncian sus intenciones cada día. No merece la pena aburrirnos ahora con mil citas. Basta una sola, la frase de Quim Torra del 8 de diciembre poniendo como ejemplo para Cataluña la secesión de Eslovenia, aquella primera chispa de las guerras que hace tres décadas acabaron con Yugoslavia al precio de 140.000 muertos:
Los catalanes hemos perdido el miedo. No nos dan miedo. No hay vuelta atrás en el camino hacia la libertad. Los eslovenos decidieron tirar hacia delante con todas las consecuencias. Hagamos como ellos y estemos dispuestos a todo para vivir libres.
Es decir: pongamos muertos sobre la mesa para poder aspirar a la independencia con el apoyo de unos extranjeros horrorizados. Los candidatos a muertos, eso sí, habrán de ser los demás, no el cobarde Torra y sus compinches.
Éstas son las consecuencia de conservar la situación durante cuarenta años. La presión sobre el embalse se ha ido acumulando y ahora está a punto de romperse y de llevarse todo por delante.
Sólo hay una solución de última hora, suponiendo que todavía estemos a tiempo: que las instituciones españolas –todas– estén a la altura de las circunstancias. Que el Gobierno gobierne con espíritu patriótico, inteligencia, altura de miras y obediencia a la ley. Que los parlamentarios dejen de hacer el payaso y cumplan con dignidad su función de representación de la soberanía nacional. Y que los jueces apliquen exacta y estrictamente la ley. O se demuestra que España es un Estado de Derecho, con todas las consecuencias y caiga quien caiga, o el Estado desaparecerá.
De los dos primeros poderes no cabe esperar mucho, pues sobradas pruebas han dado de su frivolidad e incapacidad. Por eso probablemente recaiga la mayor responsabilidad sobre los jueces, sobre esos jueces acosados por los partidos políticos en Madrid y por las hordas separatistas en Cataluña.
España está en sus manos. Porque si tampoco ellos responden, esto no tardará en acabar mal, muy mal.
Sin cabeza y sin decoro. Sertorio.
Hay que ser vil para proclamar como gran éxito de un gobierno la profanación de la tumba de un hombre muerto hace casi medio siglo y que, ya en el momento de su fallecimiento, era considerado historia por buena parte de los que lo vivieron, que tenían edad suficiente como para ser sus nietos. Hasta que a un oportunista sin cerebro ni principios se le ocurrió la idea de violar la sepultura de Franco, España había evitado con bastante buen sentido espectáculos tan denigrantes como el que hemos podido contemplar, retransmitido a todo el mundo. Es como si el gobierno italiano festejara todos los años el asesinato de Mussolini y el escarnio de su cadáver en la Piazza Loreto de Milán. Estos son los "triunfos" de nuestra izquierda, la que nunca pudo con Franco vivo y necesitó de más de cuarenta años para atreverse con Franco muerto y enterrado. Ejemplar valentía, la de un PSOE incapaz de tomar el control de las calles de Cataluña y de frenar la ofensiva del separatismo en un frente cada vez más amplio, que va de Vizcaya a Mallorca, y del que los propios socialistas son cómplices. ¿Cómo va a poder este partido de mindundis e irresponsables controlar las fuerzas centrífugas que él mismo está desatando?
La huesa de Franco es una pieza mucho más fácil de cobrar, sin duda. Con esta rufianesca lanzada a moro muerto, digna de la cobardía, la incapacidad y la idiotez del "doctor" Sánchez y de la caterva de logreros, charlatanes e incompetentes que llamamos "Gobierno", la España actual queda retratada como el pozo de infamia y de inmundicia moral en que se ha convertido tras treinta años de consenso socialdemócrata. La valentía de Sánchez consiste en violar una basílica, cuyo interior es territorio vaticano, y ocuparla por un destacamento armado hasta los dientes frente a la "terrible" amenaza de una apacible comunidad de benedictinos. Fuerza pública que, creemos, habría sido de mayor utilidad en Barcelona que en Cuelgamuros.
No sólo actúan los socialistas con su vileza acostumbrada. También se regodean en el despropósito: para evitar el "culto" a la figura del Caudillo, trasladan su cuerpo del lejano Valle de los Caídos a sesenta kilómetros de Madrid, a Mingorrubio, en las afueras de la capital, en un entorno lleno de merenderos y naturaleza que invita a la excursión dominguera. También se mencionaba que el Estado no podía mantener a un dictador en un "mausoleo" que paga el contribuyente. Bueno, pues es el propio Estado el que ha comprado la tumba de Franco en El Pardo y le está pagando un mausoleo particular. Además, los gastos de la profanación legal del sepulcro del Generalísimo suman un monto tal de dinero que, con esa cantidad, se podría haber mantenido la tumba de Franco en el Valle durante siglos. El Gobierno no sólo pisotea la reconciliación entre los españoles, no sólo humilla sin motivo a una familia a la que ha privado de los derechos más elementales, no solo infringe los concordatos, los códigos y los principios mínimos del respeto a las cosas sagradas, no sólo infama a la España nacional, no sólo ofende la memoria de los que lucharon contra el gobierno criminal, ilegítimo y genocida del Frente Popular, sino que también insulta a nuestra inteligencia. No hay charco ni barrizal en el que no hayan hozado estos botarates.
Quien estas líneas escribe conoce y ama a Rusia, país cuya historia y cultura le interesan vivamente. Allí, de manera natural, conviven los monumentos al genocida Lenin y las estatuas del almirante Kolchak o del general Wrangel. Incluso los cosacos del Don han levantado un monumento al atamán Krasnov, lo que no impide el merecido culto en los memoriales de Stalingrado. Cuando algún progre (por suerte, allí no abunda el imbécil académico de estilo anglosajón) se burla de la manera que aquí es tan habitual de personajes tan diferentes como Stalin o Nicolás II, no le van a dejar de llover los pescozones por parte de todos los rusos, tanto rojos como blancos. Y, desde luego, a nadie se le ocurre remover las cenizas y los monumentos que ya son historia. Stalin reposa en el cementerio del Kremlin, Nicolás II en la iglesia de Pedro y Pablo de San Petersburgo, el general Kappel fue enterrado con todos los honores en Donskoi y las enormes fosas comunes del estalinismo siguen sin abrirse. Sólo en Moscú hay miles de cadáveres soterrados a la vera de las antiguas "explanadas de fusilamiento" bolcheviques. La Lubianka, en pleno centro de Moscú, permanece en pie, monumento ejemplar de lo que significa el poder absoluto de la izquierda. Se reconstruyó todo lo que la bestialidad comunista destrozó, pero (salvo pocas e inevitables excepciones) no se tiraron ni los símbolos ni los monumentos de la ideología más criminal de la historia, la que en España se ensalza día sí y día también por profesores y artistas. Los rusos saben que todo eso es historia, que sus lecciones deben ser aprendidas a la libre manera de cada uno y de que debe dejarse a los muertos la tarea de enterrar a los muertos. Y nunca, nunca, nunca se le falta el respeto a la propia historia ni se usan los cadáveres para humillar al adversario y dividir al país.
Monarquía, obispos, jueces, ejército, por no hablar de la presunta derecha política... Son ellos mucho peores que esa izquierda zarrapastrosa, corrupta, zafia y cínica.
Pero Rusia es un Fénix que surge con vigor renovado después del infierno rojo. España es una casa cuyos cimientos conmueven sus propios inquilinos, una familia vuelta contra sí misma, una nación envilecida, prostituida, arrastrada y humillada por quienes hoy presumen de tan mezquina "victoria". España es una sociedad degradada que tolera semejantes espectáculos y en buena medida los aplaude. Y las fuerzas que deberían llamar al orden, a la decencia y al respeto más elemental por la historia, esas fuerzas callan, como un acobardado y miserable tropel de eunucos. Monarquía, obispos, jueces, ejército, por no hablar de la presunta derecha política... Son ellos mucho peores que esa izquierda zarrapastrosa, corrupta, zafia y cínica que les atemoriza. Si el mal prevalece, es porque los buenos dimiten y se esconden. Y su cobardía los hace peores que los malos.
La España actual es un perro que vuelve a su propio vómito, al horror del 36 y de la penosa República del 31, ese aborto político que sólo produjo desastres, ruina y matanzas, esa máquina de odiar que tanto ignorante descerebrado reivindica.
Resulta difícil de asumir, pero sólo puede ser tan nefasto y tan malvado alguien absolutamente imbécil.
Y Sánchez, sin duda, obtendrá los miles de votos que la mala ralea de este país siempre está dispuesta a otorgar a quien le promete revancha y alimenta su resentimiento. Y más si es con tan poco riesgo. Sánchez ya ha perpetrado su "hazaña", la única de la que se puede permitir el dudoso gusto de alardear. Lo que le espera, el legado que nos va a dejar este zoquete audaz pero sin luces, no le va a colocar en un buen lugar en la historia: crisis económica, ruptura de la unidad de la patria y disolución de las estructuras esenciales de la sociedad, de las bases de nuestra cultura, del ser mismo de España. Resulta difícil de asumir, pero sólo puede ser tan nefasto y tan malvado alguien absolutamente imbécil.
elmanifiesto.com
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sábado, 19 de octubre de 2019
Barcelona, la 'Rosa de Fuego'. Pedro Fernádez Barbadillo.
Gracias a una de las operaciones de relaciones públicas más exitosas de la historia nacional, los españoles del último tercio del siglo XX estaban convencidos de que los catalanes eran más trabajadores que los andaluces, más limpios que los murcianos, más cultos que los extremeños, más sanos que los aragoneses, más tolerantes que los castellanos, más altos que los gallegos, más viajados que los madrileños, más elegantes que los santanderinos, más antiguos que los asturianos y más pacíficos que los vascos. Esa propaganda pervive todavía en las nuevas generaciones de la extrema izquierda, que odia todo lo español.
Parte de esta operación consistió en ocultar los numerosos episodios de violencia que sacudieron Barcelona desde finales del siglo XIX hasta el establecimiento del franquismo.
Desde el derrocamiento de Isabel II (1868), la violencia política y social en España, con la excepción de la última carlistada (1872-1876), se radica en Madrid, por ser la sede del Gobierno, y, sobre todo, en Andalucía y el Mediterráneo. Por ello, se elaboraron teorías que hoy provocan risa, como las que vinculaban la tendencia del mediterráneo a la rebelión con una supuesta herencia racial fenicia o árabe, en vez de con el analfabetismo, el atraso agrícola y la falta de derechos laborales.
Las bombas del Liceo y del Corpus
Debido a su rápida industrialización, con la atracción de docenas de miles de emigrantes de Cataluña y del resto de España, y la avaricia de los industriales catalanes, la pacífica Barcelona del siglo XVIII, se convirtió pronto en el centro de la violencia política en España y hasta en Europa. Por ello, recibió el apodo de la Rosa de Foc.
En la ciudad catalana, los anarquistas cometieron numerosos atentados, no sólo individualizados contra las autoridades y los industriales, sino de masas: la bomba del Liceo en 1893 y la bomba de la procesión del Corpus en 1896. A la 'propaganda por el hecho', el Gobierno español respondió con la lógica represión. Los procesos de Montjuic, en que se dictaron y ejecutaron penas de muertes contra varios anarquistas entonces contaron con la aprobación de la sociedad catalana.
La conflictividad social fue aumentando, con abundantes huelgas generales, como la de 1902, con al menos una docena de muertos. La patronal catalana Fomento del Trabajo Nacional, fundada en 1889, reclamaba al Gobierno nacional no sólo todo tipo de medidas proteccionistas para la industria local, sino, además, la mano dura. El nacimiento del catalanismo envenenó aún más el ambiente, pues unió a las disputas laborales y económicas el desprecio a los emigrantes y el clasismo.
La Semana Trágica
En 1909, la torpe movilización de reservistas para enviarlos a Melilla por parte del Gobierno Largo de Maura, provocó protestas amplificadas por la CNT entre el 26 de julio y el 2 de agosto. Como un anticipo de lo que ocurriría en la II República, las turbas asaltaron no los palacios de los poderosos ni las sedes del poder político, sino los indefensos conventos, iglesias y hasta escuelas religiosas. El resultado fue de más de un centenar de edificios incendiados y casi 80 muertos.
Siguieron nuevas huelgas, como una del sector del metal en 1910 que se prolongó durante casi 200 días. A la vez, los incidentes pasaban de algaradas o peleas a palos durante las huelgas a emboscadas con pistolas en momentos de calma.
La neutralidad de España en la Primera Guerra Mundial causó una gran demanda de productos industriales, mineros y agrícolas por parte de los Aliados. Produjo enormes fortunas y, a la vez, desabastecimiento e inflación. En 1917, los grandes desestabilizadores de la Restauración, los catalanistas y las izquierdas, desencadenaron una protesta política y una huelga general revolucionaria, que el Gobierno superó. Los catalanistas de Cambó, al ver en peligro sus fábricas y propiedades, se pusieron junto a los políticos de Madrid y los militares.
El fin de la Gran Guerra agravó los problemas económicos. En 1919, una serie de despidos en la empresa de electricidad La Canadiense condujo a una nueva huelga general en la ciudad catalana. La CNT consiguió paralizar la producción industrial. El Gobierno de Romanones impuso la mediación para que la patronal y los sindicatos alcanzaran un acuerdo y, además aprobó la jornada laboral de ocho horas en todos los sectores, con lo que España fue el primer país del mundo que la aplicó. Pero los miembros de Fomento se sintieron traicionados.
Los patronos y los sindicalistas recurrieron a la violencia. Entre 1918 y 1923, Barcelona padeció el pistolerismo. Bandas de pistoleros y asesinos profesionales mataban a sindicalistas, empresarios, trabajadores y hasta clérigos. Casi un millar de personas fue víctima de agresiones, de las que murieron 261, según los últimos cálculos de Albert Balcells. Los partidos dinásticos, en descomposición y sobrepasados por los acontecimientos, permitieron que los gobernadores civiles aplicaran la 'ley de fugas'. Y mientras tanto, los catalanistas exigían en Madrid más derechos y más dinero.
La Dictadura enchufa a la UGT
Cuando el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, realizó su pronunciamiento en septiembre de 1923, Barcelona y Cataluña, en palabras de Josep Pla (Historia de la Segunda República), "estaban martirizadas por los crímenes del anarco-sindicalismo y por la ausencia de toda autoridad en el período de la post-guerra", aunque no menciona la responsabilidad de los patronos. Víctor Pradera, más ecuánime, juzgó así la situación de Barcelona: "cuatro pillos de blusa y otros tanto de levita, explotando vilmente a los obreros, tienen en jaque a un Gobierno".
Los burgueses catalanes fueron determinantes en imponer una dictadura al resto de España y despidieron con ovaciones a Primo de Rivera en la estación de tren de Barcelona. Si bien el Directorio Militar concluyó con el pistolerismo, recurrió a una maniobra que tendría consecuencias unos años después: para disminuir el arraigo de la CNT, dio a la UGT, según Pla, "el monopolio de la actividad sindical y la intervención, con carácter de exclusividad en la puesta en marcha de la legislación del trabajo". Parte de este plan fue el nombramiento de Francisco Largo Caballerocomo consejero de Estado y de numerosos socialistas en "todos los organismos sociales de nueva creación".
La caída de la Monarquía se celebró en Barcelona (de nuevo Pla), con gritos "de auténtica fuerza civil": "Mori Cambó! Visca Macià!". Los ocho años republicanos concluyeron con la entrada en Barcelna de las tropas del general Yagüe, recibidas con entusiasmo por los catalanes, porque ponían fin a las matanzas y los atentados, en ocasiones dirigidos desde el poder.
EPOCA y Terra Lliure
En la Transición, renació el terrorismo catalanista, encarnado en el Exèrcit Popular Català (EPOCA) y Terra Lliure: bombas adosadas al pecho de los enemigos de clase, tiros en las piernas, listas negras… Pero desapareció pronto, en gran parte debido a la colaboración de la CDC de Jordi Pujol, a fin de presentarse en Madrid como los ‘nacionalistas buenos’ y tener sus negocios en paz, y, también, gracias adelaciones de algún personaje ahora muy conocido.
Desde que el catalanismo burgués decidiera acelerar la marcha a su república de impunidad, la violencia ha regresado a Cataluña, con unos agitando el árbol y otros recogiendo las nueces o, como ha escrito José García Domínguez, "celebrando que sus hijos nos quieren matar".
Pero la gran responsabilidad, como en la Restauración y la República, corresponde a los Gobiernos que conceden impunidad a los terroristas y a sus jefes. Los magnicidas de Eduardo Dato, que como ministro impulsó leyes sociales, fueron indultados por el Gobierno Provisional republicano. Matar a un presidente del Gobierno ‘costó’ a dos de sus autores unos ocho años de cárcel.
fuente:libertaddigital.com
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